La mayoría de inversionistas extranjeros que poseen bienes raíces u operan negocios a través de una corporación costarricense desconocen las obligaciones tributarias y regulatorias que vencen en momentos específicos del año. Perder un plazo puede resultar en congelación de la empresa, multas de miles de dólares, bloqueo de transacciones inmobiliarias o incluso disolución automática. Si usted es propietario de una S.R.L. o S.A. en Costa Rica, este calendario es la herramienta que necesita para mantener su compañía activa y libre de sanciones.
El cumplimiento corporativo integrado — coordinado con su estrategia tributaria y de planificación patrimonial — es la diferencia entre un inversionista tranquilo y uno que descubre sorpresas costosas cuando intenta vender su propiedad. A continuación, presentamos cada obligación en orden cronológico, sus consecuencias y cómo gestionarlas sin estrés.
Obligación 1: impuesto a las personas jurídicas — enero
Plazo obligatorio: 31 de enero de cada año
El Impuesto a las Personas Jurídicas es la obligación tributaria más urgente del calendario corporativo costarricense. Para sociedades inactivas que únicamente mantienen bienes inmuebles — el caso más común entre propietarios extranjeros — el monto corresponde al 15% de un salario base, lo que equivale actualmente a aproximadamente USD 155.
Junto con este impuesto, la ley exige el pago simultáneo del Timbre de Educación y Cultura, un pequeño gravamen de estampilla que se remite en la misma transacción.
Consecuencias del incumplimiento en enero
Si no paga antes del 31 de enero, el Registro Nacional congela automáticamente su corporación. Esta congelación impide la expedición de certificados de personería jurídica que acrediten la existencia legal de la empresa, la venta de propiedades registradas a nombre de la corporación y la inscripción de cualquier acto jurídico ante notario, la apertura de nuevas cuentas bancarias a nombre de la sociedad, y el cobro de intereses diarios sobre la deuda pendiente, que continúan acumulándose mes tras mes.
El riesgo más grave: si el impuesto permanece sin pagar durante tres años consecutivos, el gobierno inicia automáticamente la disolución de la entidad. La recuperación de una empresa disuelta es un proceso extremadamente costoso y complejo que puede requerir litigios, gastos administrativos significativos y varios meses o años de tramitación.
Timbre de Educación y Cultura
Se paga junto al Impuesto a las Personas Jurídicas en la misma fecha. Aunque es menor en monto, su incumplimiento genera las mismas consecuencias de congelación.
Obligación 2: declaración informativa (D-195) — marzo
Plazo obligatorio: 15 de marzo de cada año
La Declaración Informativa, conocida como formulario D-195, es un reporte anual obligatorio ante la Administración Tributaria de Costa Rica que divulga los activos, pasivos y patrimonio de su corporación durante el período fiscal anterior. Incluso las empresas inactivas que solo poseen bienes inmuebles están obligadas a presentar este formulario.
El propósito de la D-195 es permitir al gobierno costarricense verificar el origen legal de los fondos utilizados para mantener, administrar o adquirir activos empresariales. Es especialmente relevante para inversionistas extranjeros, ya que la declaración demuestra la procedencia lícita de la inversión y facilita futuros trámites de regularización.
Penalización por presentación tardía
No presentar la D-195 antes del 15 de marzo resulta en una multa fija de tres salarios base, independientemente de si la empresa tiene ingresos o permanece inactiva. Al tipo de cambio actual, esta multa equivale a aproximadamente USD 3,050. A diferencia de otras sanciones, esta penalización se aplica de manera inflexible, sin consideración al tamaño de la corporación o su nivel de actividad.
La multa se impone por cada año de incumplimiento, lo que significa que un retraso de dos años genera multas acumulativas que pueden duplicar o triplicar la sanción original.
Obligación 3: declaración RTBF — abril
Plazo obligatorio: 1 al 30 de abril de cada año
El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF) es un requisito de transparencia internacional que obliga a su corporación a divulgar ante el Banco Central de Costa Rica los beneficiarios finales — es decir, las personas físicas que realmente controlan o poseen la empresa. Este requisito aplica incluso para sociedades sin actividad económica que únicamente poseen bienes inmuebles.
La ley costarricense requiere que el RTBF sea presentado por una persona que cuente con firma digital del Banco Central de Costa Rica, credencial que únicamente se otorga a ciudadanos o residentes costarricenses. Como inversionista extranjero, usted debe autorizar a una persona de confianza mediante un Poder Generalísimo para que presente la declaración en su nombre. Es fundamental que este poder incluya una limitación expresa que prohíba expresamente al apoderado enajenar bienes de la empresa, venderlos o transferir su propiedad.
Consecuencias del incumplimiento en abril
El incumplimiento resulta en una multa equivalente al 2% del ingreso bruto del período fiscal anterior, con un mínimo de tres salarios base (aproximadamente USD 3,050 al cambio actual) y un máximo de cien salarios base. Para sociedades sin ingresos o con actividad limitada, se aplica la multa mínima.
Además, el Registro Nacional bloquea las personerías jurídicas de empresas incumplientes, lo que impide la expedición de certificados de existencia, la realización de transacciones inmobiliarias y la inscripción de documentos ante notarios públicos. El bloqueo permanece vigente hasta que la infracción sea subsanada.
Vigencia permanente: obligaciones que se repiten anualmente
Estos tres pagos y declaraciones no son únicos o puntuales: se repiten cada año de la vida de la corporación, sin excepción. Un inversionista extranjero que posee una S.A. con bienes raíces en Costa Rica debe planificar para que estas obligaciones sean parte de su rutina anual de cumplimiento, integradas en su estrategia tributaria general.
El error más común ocurre cuando el propietario extranjero intenta vender la propiedad años después. En ese momento descubre que su empresa está bloqueada en el Registro Nacional por incumplimiento acumulativo. Las opciones en ese escenario son limitadas, costosas y requieren resolución judicial o administrativa para descongelar la entidad.
El calendario: abril es su ventana crítica
Aunque las obligaciones se distribuyen entre enero y abril, abril es el mes más crítico porque coincide con el vencimiento del RTBF, a menudo cuando inversionistas extranjeros están menos atentos. Una estrategia de cumplimiento efectiva coordina los tres pagos y presentaciones para que sean gestionados como un plan integrado, no como trámites aislados.
Calidad del servicio: por qué los bufetes no responden
Muchos inversionistas extranjeros contratan servicios legales locales para gestionar estas obligaciones, pero encuentran que los bufetes responsables de sus impuestos nunca toman la iniciativa de contactarlos. Se espera pasivamente que el cliente recuerde las fechas y solicite específicamente que se tramiten. Cuando vence un plazo sin que nadie haya actuado, el cliente recibe la factura de las multas después del hecho consumado.
En Mora, Yglesias & Asociados empleamos un modelo diferente. Nosotros iniciamos el proceso con anticipación: identificamos el calendario de su corporación, coordinamos con nuestro departamento tributario, preparamos la documentación necesaria durante las semanas previas al vencimiento y presentamos cada obligación dentro del plazo. Usted recibe un resumen del estado de cumplimiento y puede optar por autorizar los pagos correspondientes sin sorpresas de último momento.
Además, integramos el cumplimiento corporativo con su planificación tributaria y patrimonial. Las decisiones sobre estructura empresarial, transferencia de activos o estrategias de protección patrimonial se toman considerando estas obligaciones, no de manera aislada.
Para inversionistas con múltiples entidades corporativas, ofrecemos precios volumen que reconocen la eficiencia de gestionar varias corporaciones bajo un plan coordinado. En lugar de pagar honorarios separados por cada empresa, contrata un servicio integrado que atiende el cumplimiento de todas sus S.A. y S.R.L. bajo una sola coordinación.
Fundamento legal
Estas obligaciones se encuentran reguladas en la Ley No. 9428 (Impuesto a las Personas Jurídicas), que establece la obligación de pago antes del 31 de enero y los efectos de la congelación en el Registro Nacional. El Decreto MH-DGT-RES-0013-2025 obliga la presentación de la D-195 ante la Administración Tributaria de Costa Rica antes del 15 de marzo. La Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal) establece el requisito general de provisión de información. El Decreto N° 44390-H y la resolución conjunta N°MH-DGT-RES-0020-2024 / DG-336-2024 son la base legal para determinar que el registro anual ante el Banco Central de Costa Rica debe realizarse entre el 1 y el 30 de abril de cada año.
Preguntas frecuentes
¿Qué sucede si pago el impuesto a personas jurídicas pero no presento la D-195?
El impuesto y la declaración informativa son obligaciones independientes, aunque relacionadas. Pagar uno no sustituye al otro. Si usted paga el Impuesto a las Personas Jurídicas pero no presenta la D-195 antes del 15 de marzo, su corporación puede estar congelada por incumplimiento de esta última obligación, y recibirá una multa fija de tres salarios base. Ambas obligaciones deben cumplirse dentro de sus respectivos plazos.
¿Necesito RTBF si soy el único dueño de la corporación?
Sí. El RTBF es obligatorio para todas las corporaciones, independientemente de si tienen uno o múltiples accionistas. El propósito es transparencia: el Banco Central de Costa Rica debe saber quiénes controlan realmente cada entidad empresarial registrada. Incluso una S.A. de un único accionista debe presentar esta declaración anualmente.
¿Puedo presentar estas obligaciones por mi cuenta sin asesoría legal?
Técnicamente, usted puede presentar el impuesto y la D-195 directamente a través de los sistemas en línea de la Administración Tributaria de Costa Rica. El RTBF requiere firma digital del Banco Central, un requisito que limita quién puede presentar. Sin embargo, aunque sea técnicamente posible auto-gestionar, existe riesgo de errores en la información reportada, interpretaciones incorrectas de los requisitos y pérdida de fechas importantes. Como inversionista extranjero sin residencia en Costa Rica, la asesoría profesional que coordina estas tres obligaciones típicamente ahorra más en prevención de multas que lo que cuesta el servicio.
¿Qué pasa si mi corporación está disuelta por falta de pago?
La disolución es un proceso lento pero inevitable: el gobierno inicia la disolución automáticamente después de tres años sin pago del Impuesto a las Personas Jurídicas. Una corporación disuelta no puede transferir activos, no puede ser modificada y no puede ser utilizada para operaciones legales. Su recuperación requiere solicitar reactivación ante el Registro Nacional, presentar todos los pagos atrasados, pagar las multas correspondientes, y en muchos casos requiere litigio administrativo. El tiempo para recuperar una empresa disuelta puede exceder un año, y los costos administrativos y legales son sustanciales.
Mora, Yglesias & Asociados
Desde 1938, nuestro equipo integrado aborda cada caso desde todos los ángulos — tributario, migratorio, corporativo y patrimonial — para que usted reciba asesoría completa en un solo lugar. La protección fiscal y de responsabilidad está incorporada en cada recomendación que hacemos, y trabajamos continuamente en mejorar su experiencia como cliente. Con oficinas en San José y Guanacaste, y atención en cinco idiomas, estamos preparados para acompañarlo. Contáctenos.
Artículo redactado por Lic. Manuel Yglesias Mora, Carné 27673, Colegio de Abogados de Costa Rica.
