Cuando tomo un taxi —o Uber, algunas veces— y nos quedamos atascados en alguna de las presas, oigo con frecuencia al chofer comentar: “Ya no se pueden traer más vehículos a Costa Rica. Todos quieren comprar vehículo y ya no cabemos.” Por supuesto, el problema siempre son los otros, es decir, los demás son los que deben renunciar a comprar un vehículo. Pero la solución al congestionamiento vehicular no está en la restricción o la prohibición para la compra de vehículos; la solución más bien debe procurarse mediante el ejercicio eficiente de las funciones básicas del Estado moderno.
Al Estado se le asignan ahora muchas funciones que no le corresponden propiamente; sin embargo, se han descuidado otras funciones básicas y fundamentales que deberían fortalecerse más. Tradicionalmente, se ha dicho que al Estado le corresponde garantizar el orden y la seguridad nacional, el ejercicio de la jurisdicción y la protección de la libertad individual y de la propiedad.
Pero el tránsito de las personas y mercancías constituye el mecanismo necesario para el ejercicio de las libertades de comercio y de empresa, y para el ejercicio de casi todas las demás libertades. No estamos hablando sólo de la libertad de tránsito en cuanto se permite al individuo trasladarse de un lugar a otro; estamos hablando de realizar las obras necesarias para que el tránsito sea posible y eficiente. Por eso, el congestionamiento vehicular, que encarece el costo del comercio y dificulta el ejercicio de las demás libertades públicas, debe resolverse con una eficiente acción estatal que facilite el tránsito ágil de personas y mercancías.
El Estado no sólo está obligado a realizar la obra pública necesaria para permitir ese tránsito; también debe gestionar o promover los servicios públicos que permitan realizarlo. Por eso, el Estado también está obligado a facilitar los medios de transporte público que permitan el tránsito de manera ágil y eficiente, con un costo razonable.
El actual Estado costarricense ha fallado. Ha establecido un sistema de concesión privada de rutas; estableciendo tarifas y definiendo los márgenes de ganancia del operador, pero no ha promovido mecanismos que garanticen la eficiencia del servicio ni un sistema que incentive su mejora continua. Más bien, ha sido todo lo contrario. Como el servicio se rige por el principio de “servicio al costo”, al hacerse menos eficiente va perdiendo usuarios y consecuentemente ingresos. Esto redunda en el costo de operación que, al aumentar, debe reducir su frecuencia y la calidad. Es un círculo vicioso porque la gente sustituye el bus por otro servicio más caro pero más seguro (taxi, Uber, vehículo propio) precisamente porque el autobús es ineficiente y al perder usuarios, el sistema permite que el servicio sea cada vez peor, para recuperar el costo del servicio. El servicio de transporte público pierde usuarios de manera constante, reduciendo el ingreso de los operadores y esto redunda en una desmejora constante del servicio. La dinámica debería ser otra.
Los servicios de buses y de transporte deben ser tan eficientes que las personas se sientan invitadas a utilizarlos en vez de usar sus vehículos. El servicio de transporte debe garantizarse aunque no rinda ganancia, pues se trata del ejercicio de una función estatal tan indispensable y básica como lo son el mantenimiento del orden o la seguridad nacional.
Los buses y los medios de transporte (trenes, tranvías, metro, etc.) deben tener horarios previamente definidos con una frecuencia que permita a las personas accederlos con puntualidad y seguridad; las rutas deben permitir conexiones ágiles a distintas localidades, debe contarse con información y señalización suficiente y clara sobre las rutas, los horarios y el tiempo del traslado. Los individuos podrán acceder al transporte público conociendo las condiciones en que se brinda y esto les brindará seguridad; no como ocurre en la actualidad, en que la alternativa del bus representa una apuesta a ciegas.
Un servicio de transporte público eficiente, cómodo y seguro, con información suficiente, constituye una invitación a todos para utilizarlo como alternativa confiable. Ese es el camino para combatir el congestionamiento vehicular, permitiendo que también se reduzca el gasto en transporte de personas y mercancías, fortaleciendo el ejercicio del comercio y garantizando un mejor ejercicio de nuestras libertades públicas.
Mora, Yglesias & Asociados
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Artículo escrito por Lic. Ramón María Yglesias Piza, Carné 6165, Colegio de Abogados de Costa Rica.
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